En varias ocasiones, las autoridades de Tucumán tomaron medidas para solucionar sus problemas, sin importarles el costo que representaran. Por ejemplo, en 1880, el Tribunal de Medicina, que presidía el doctor José Mariano Astigueta, se dirigió al Poder Ejecutivo manifestándole la necesidad de crear el puesto de “químico ensayador”.
Decía que el Tribunal no hacía las visitas reglamentarias a las farmacias provinciales, porque carecía de los medios para practicar “un análisis químico de las sustancias que se expenden al público, por lo menos aquellas de consumo más abundante, como son por ejemplo las distintas sales de quinina y muchas otras de las preparaciones llamadas ‘específicas’, que el público consume por lo común sin indicación facultativa”. No había ninguna farmacia con “un laboratorio de análisis o cosa que se parezca”. Igualmente imposible era la verificación de las sustancias alimenticias de expendio común.
La Municipalidad se movilizó. Luego de complicadas gestiones, contrató en Francia a un químico farmacéutico, Enrique Basset. El 14 de agosto de 1882, Basset ya estaba en Tucumán y se ponía a disposición de la Comuna. Adjuntaba, además, “la cuenta detallada de gastos de mi viaje y de los dos meses de sueldo desde mi salida de París hasta la fecha, para que se sirva ordenar su abono”. El Gobierno había aceptado contribuir con la mitad de las erogaciones del viaje y del sueldo del experto.
Girado el asunto por el Poder Ejecutivo a la Sala de Representantes, esta sancionó la ley que autorizaba el pago respectivo. El gobernador Benjamín Paz la promulgó, el 20 de noviembre de 1882.